Tigo estaría buscando replicar en El Salvador, red de sobornos políticos implementados en Guatemala

Investigaciones contra la telefonía Tigo en Guatemala, revelaron que altos directivos sobornaron a políticos de ese país para aprobar una ley para que la empresa pudiera instalar antenas telefónicas en todo el territorio guatemalteco, sin contrapesos municipales, y sin capacidad de sus rivales Claro y Movistar de competir.

La investigación comenzó en octubre del 2015, luego de que empresa de telecomunicaciónes Millicom con su filial en Guatemala, solicitó a la Fiscalía General de Suecia y al Departamento de Justicia de Estados Unidos analizar la posibilidad de que la filial guatemalteca hubiera incurrido en lo que denominó “posibles pagos indebidos”.

Los Hallazgos de la investigación revelan cómo la telefónica compró a Roxana Baldetti y los diputados del PP entre 2012 y 2015. El caso alcanza al ministro Acisclo Valladares, al candidato Estuardo Galdámez (FCN), y muestra cómo tres magistrados –Dubón, Chávez y Casasola– están obstaculizando el caso.

Con este precedente, al parecer la empresa de telefonía buscaría replicar este modelo de sobornos a otros países de la región, como se evidenció este día en El Salvador, cuando los representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la ANEP, junto a sus suplentes, en la Junta de Apelaciones de la CSJ impidieron a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) multar a la empresa de telefonía móvil Tigo después que ésta última desconectara el servicio a los usuarios durante la emergencia.

“‘Gracias’ a los votos de los representantes de la CSJ (Jorge Siliezar) y ANEP (Waldo Jiménez), junto a sus suplentes; la Junta de Apelaciones revocó la resolución de SIGET que interpondría una multa a TIGO, por desconectar a usuarios afectados por la pandemia. ¿De qué lado están?”, expresó el Titular de la SIGET, Manuel Aguilar.