Acusados en “Juicio del Meme” denuncian a jueces en CSJ por no admitir pruebas indebidamente denegadas
Según la denuncia, los jueces han aceptado todas las pruebas de LPG pero se niegan a aceptar las pruebas de descargo de la defensa.
Los cinco jóvenes supuestamente implicados en el denominado “Juicio del meme“ llegaron la tarde de este martes a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar a los jueces interinos del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Tecla que llevan el caso ya que, según expresaron estos están aceptándole todos los peritajes a LPG y no a ellos.
Según José Navarro, Mayra Morán, Sofía Medina, Andrés Ortiz y Óscar Domínguez, luego de la audiencia preliminar del referido proceso penal que La Prensa Gráfica (LPG) sigue en su contra, les fue indebidamente denegada la pericia denominada “Peritaje y análisis en materia informática y telecomunicaciones en los aparatos electrónicos incautados en el presente proceso penal“ considera fundamental para su defensa.
Es por esto que presentando una solicitud de admisión de la prueba indebidamente denegada, lo cual les es permitido por el Código Procesal Penal salvadoreño y es aquí que señalan que inicial la actitud arbitraria y negligente de los jueces señalados que lejos de actuar conforme a la ley, quienes no convocaron dentro del plazo legal a la audiencia de admisión de la prueba, afectando sus intereses y generando serias dudas sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces, según señalaron los demandantes.
Los demandados son el presidente interino de dicho tribunal, José Alberto Franco Castillo, el primer vocal interino, Cruz Antonio Pérez Granados y el segundo vocal interino, Wilfredo Ayala Hernández.
Asimismo, señalan que es preocupante que los tres jueces que definirán su situación jurídica tenga sus cargos de manera interina y no como propietarios, considerando que esta inestabilidad en el cargo, compromete su independencia e imparcialidad. Por lo que piden que se inicie un procedimiento disciplinario, se realice una auditoría del expediente y se sanciones a los profesionales denunciados.
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Este caso inició en noviembre del 2015 bajo el mandato de Luis Martínez y Julio Arriaza, ambos ahora procesados por Fraude Procesal y Omisión de la Investigación en caso de Enrique Rais.
