Defensa caso TrollCenter denuncia ante la FGR a fiscales asignados al caso
La fiscalía extravíó computadoras y teléfonos incautados a los acusados y no notificó del hecho al juzgado después de un mes.
La defensa de los acusados en el Caso denominado Troll Center acudió este mañana a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Elena para interponer una denuncia en contra de los fiscales Julio Arriaza –recientemente detenido en el Caso Rais Martínez por Fraude Procesal-, Karla Ponce y Patricia Larreynaga por su actuación negligente en el proceso de investigación en el referido caso.
La abogada defensora, Bertha Deleón, explicó que han documentado una serie de irregularidades por parte de la representación fiscal que “no están apegadas a la ley o reñidas con los principios rectores de la actuaciones de la Fiscalía General de la República o actuar con negligencia en el desempeño de sus funciones”.
Para la defensa, el hecho más representativito es que en la investigación se reportó como extraviadas varias pruebas claves en el caso entre las que destacan dos computadoras y dos teléfonos celulares -que según el peritaje inicial son los equipos que contenían todas las pruebas del supuesto ilícito-; pese a que la pérdida según el acta se registró el 10 de julio del presente año, la parte querellante, es decir, la Prensa Gráfica, notificó del hecho más de un mes después, el 11 de agosto del 2016. Hasta el día de hoy la parte fiscal no se ha pronunciado al respecto.
José Carlos Navarro y Andrés Ortiz, parte de los acusados en este caso externaron su preocupación por parte del accionar de la FGR en la cual no se han respetado sus derechos de legítima defensa y se han consumido graves violaciones como la detención ilegal por tres meses de Andrés Ortiz aún cuando el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla declaró nulo el peritaje con el que fundaron la acusación inicial.
Deleón también explicó que por bloqueos por parte de los fiscales denunciados, aún el perito delegado por la defensa y juramentado por el Juzgado, al día de hoy no ha tenido acceso a las pruebas para realizar el debido proceso.
La denuncia fue admitida por el Ministerio Público la cual iba firmada por cinco implicados en este caso.