Peña califica como “acto de desestabilización”, sentencia de inconstitucionalidad de Presupuesto General 2017
Lorena Peña califico como un acto de “matonería” la sentencia de la Sala y dijo que estas van en contra de los pobres.
La ex presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, cuestionó este jueves a la Sala de lo Constitucional, poco después de publicada la sentencia que declara inconstitucional la Ley de Presupuesto General de la Nación del año 2017, la que calificó como un “acto de desestabilización y matonería” de los magistrados.
“Me parece otro acto de desestabilización y matonería. Como dijimos, buscan caos y desestabilización. Austeridad para el pueblo, holgura para la Corte Suprema de Justicia”, dijo la diputada Peña.
“¿Pide despidos? Dice que hay muchos trabajadores públicos. ¿Cuántos quiere la Sala que echemos?, cuestionó la diputada del FMLN en uno de varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional este jueves la Ley de Presupuesto General de la Nación 2017, por considerar que vulnera los principios de equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en los artículos 226 y 227 de la Carta Magna.
Pero al mismo tiempo, le ordena al gobierno central y a la Asamblea Legislativa una serie de medidas, como suspender nuevas plazas, salvo en áreas estratégicas como salud, educación y seguridad; no contratar seguros médico-hospitalario privados, revisar salarios de los empleados y escalafones, entre otras.
La diputada Peña preguntó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional si ¿se quitará la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, su seguro privado”. “¿Cuántas camionetas venderá la CSJ en subasta pública para contribuir al fondo general?”, insistió la parlamentaria del FMLN.
La Sala establece que, “debido a que el presupuesto 2017 ya se encuentra en ejecución, y que la invalidación inmediata del presupuesto podría producir efectos perjudiciales mayores a la situación financiera y fiscal del país, la Asamblea Legislativa deberá realizar las reformas y adecuaciones necesarias para cumplir la sentencia y corregir las violaciones constitucionales constatadas, a más tardar el día 31 de octubre de 2017”.
Con información de APS.
